Luego de evidenciar las conductas al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que deberán pagar, en total, más de $20.514 millones.
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La compañía fue multada con más de 800 millones de pesos por desatender los requerimientos de esta Autoridad, por quejas sobre Habeas Data financiero y por desconocer órdenes impartidas sobre reportes ilegales ante centrales de riesgo.
Al vulnerar el régimen de protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó multas por un total de 2.877 millones de pesos.
La entidad determinó que la compañía limitó la participación de aspirantes para la venta de motocicletas y en los procesos de mantenimiento y venta de repuestos.
En la investigación, se probó que la empresa solicitó a algunos consumidores la presentación del recibo de compra del producto como condición para acceder a la campaña de seguridad, imponiendo así condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos.
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso el pago de 285 millones de pesos al comprobar que la compañía no cumplió con lo que había resuelto en los PQR’s interpuestos por sus clientes.