Habrían desarrollado un sistema orientado a obstaculizar la promoción y el desarrollo del fútbol profesional femenino en el país. Entre las presuntas prácticas anticompetitivas identificadas por la SIC estaría la fijación de una tabla de salarios donde la mayoría de las jugadoras ganaran entre el salario mínimo y $4.500.000.
Luego de evidenciar las conductas al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que deberán pagar, en total, más de $20.514 millones.
Los contratistas Richard Alexander Castro y Diego Adolfo Robles fueron sancionados con el pago de cerca de 90 millones de pesos por dichas conductas ilegales.
Dichas compañías, junto con 16 particulares, deberán pagar sanciones por más 28 mil millones de pesos por concertar acciones que les aseguraran quedarse con los convenios para proveer la alimentación de los menores en la capital de la República.
