Frente a la difícil coyuntura en la que se encuentra actualmente el sistema de salud colombiano, se hace necesario retomar una senda de solución de problemas, ampliación de capacidades y estabilidad financiera. En este contexto, resulta clara la pertinencia de una reflexión sobre el aporte del sector privado al Sistema.
Al margen de discusiones ideológicas sobre el papel que debería jugar el Estado en la provisión de los servicios de salud, el punto de partida para moverse hacia adelante y mejorar el desempeño del sistema en el país, son las instituciones existentes, sus recursos y sus capacidades.
Sin duda, las capacidades del Estado en materia de regulación y supervisión son determinantes en el desarrollo futuro del sistema de salud, así como su participación directa en los asuntos de salud pública y la provisión de servicios de atención primaria en salud, particularmente en aquellos municipios en donde no existen condiciones para la inversión en el sector. Igualmente, el aporte de las IPS y EPS del sector público resulta importante.
Tanto si se trata de instituciones del sector público como privadas, ya sea un hospital o un centro de salud, o un laboratorio clínico, o una EPS, cada institución individualmente considerada representa un equipo de personas con determinadas capacidades y experiencia, una infraestructura física, un equipamiento, unos procesos en operación, un capital de trabajo, un modelo de gestión y, en fin, una red de relaciones con otras personas y entidades. Todo esto ha requerido esfuerzos e inversiones a lo largo del tiempo. E independientemente de su origen -público o privado- desde el punto de vista del país estas instituciones suman, o deben sumar. Las instituciones deben articularse y operar armónicamente, no configurar escenarios de ganadores y perdedores, o buscar asimetrías en las normas.
Vale la pena examinar algunas de las dimensiones básicas que se han mencionado, respecto del aporte relativo del sector privado al Sistema de Salud.
Infraestructura y capacidades
Dentro del conjunto de Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, al revisar distintas estadísticas se revela claramente el mayor peso que las instituciones de origen privado tienen en el sistema. Ya en 2016, según estudio del Ministerio de Salud, se afirma que “de acuerdo a la naturaleza jurídica, se encuentra que del total de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el 90% son de naturaleza privada, el 9.8 % de naturaleza pública y 0.18% son mixtas.
En 2021, según datos del SISPRO, de un total de 19.682 prestadores – Sede (IPS), 15.977 (un 81,2%) eran de naturaleza privada, 3.641 (18,5%) de naturaleza pública y 64 (0,3%), mixta.
De acuerdo con un análisis más reciente, en 2025, de un total de camas habilitadas de 100.126 entre todos los prestadores, el 69% de las camas hospitalarias corresponden a clínicas e IPS privadas, el 30% a IPS públicas y un 1% son mixtas. El mismo estudio indica que, en términos de salas, “actualmente se encuentran habilitadas 19.146 salas entre todos los prestadores… el 80% se encuentran en prestadores privados y el 19% en prestadores públicos.”
Estas participaciones dominantes del sector privado en la prestación de servicios de salud ocultan diferencias muy importantes según el tipo de institución y la distribución territorial.
En particular, las IPS privadas se concentran principalmente en las grandes ciudades y se estima que responden por la mayor parte de la infraestructura de alta complejidad y la adopción de tecnologías médicas avanzadas. En contraste, en la periferia rural, el Estado frecuentemente es el único actor. En la mayoría de los municipios se cuenta con un solo hospital, 100% público, generalmente de primer nivel y baja complejidad . Resulta evidente la complementariedad. El análisis a nivel de profesionales de la salud y especialidades médicas, que no se aborda en este escrito, sin duda refuerza la importancia de la complementación entre sectores público y privado.
Administración y gestión
Las instituciones no solamente aportan su infraestructura y recursos sino su organización y la gestión de sus operaciones. El criterio empresarial en el manejo de una entidad comporta la optimización de la gestión financiera y la búsqueda de eficiencia en las operaciones. Esto es válido tanto para una IPS, como para una EPS, pública o privada.
Con frecuencia se soslaya el valor que aporta la labor de administración. Pero la administración no es trivial. En el caso de las EPS, por ejemplo, éstas deben manejar procesos de afiliación y novedades, recaudo y compensación, gestión y contratación de la red de servicios, auditoría de cuentas médicas, gestión del riesgo en salud, autorización de servicios, atención al usuario, operaciones de soporte, etc. El cuadro siguiente ilustra lo que representan los costos de administración para tres EPS.
Índice de Gastos Administrativos y Gasto por Afiliado para tres EPS en 2025
| Concepto | EPS 1 | EPS 2 | EPS 3 |
| Ingresos operacionales (MM$) | 11.485.812 | 9.285.072 | 688.354 |
| Gastos Administrativos y de personal (MM$) | 380.569 | 327.032 | 27.943 |
| Índice de gastos / ingresos | 3.31% | 3.52% | 4.06% |
| Número de afiliados aproximado | 5.300.000 | 4.800.000 | 260.000 |
| Gasto administrativo anual por afiliado $ | 71.805 | 68.132 | 107.473 |
A pesar de que las normas imponen un límite del 10% de la UPC para gastos administrativos, el promedio del sistema está en el orden del 6 a 7 % y algunas EPS han logrado mejores índices, como se aprecia en el cuadro anterior. Las EPS logran que el costo de administrar un afiliado esté en el orden de $70.000 a $100.000 por persona por año, una cifra modesta si se tiene en cuenta que, en promedio, se gestionan más de 10 servicios de salud por afiliado y por año.
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Inversión
Finalmente, vale la pena destacar que el mayor aporte que puede hacer el sector privado al sistema de salud es el de contribuir a la expansión y mejoramiento de sus capacidades, por la vía de la inversión. Durante los próximos años, la situación fiscal del país limitará de manera sustantiva las posibilidades de inversión del Estado en sectores particulares. Las políticas públicas deben entonces ofrecer condiciones para que se movilicen nuevos recursos del sector privado hacia el sistema de salud.
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Por: Felipe Carrizosa Restrepo,
Analista Codess