Dentro del proceso disciplinario adelantado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial quedó demostrado que la conducta de la abogada había sido típica, antijurídica y culpable.
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Recibió una multa de $232.000.000, por cobrar tasas de interés que superaban los límites legales. La SIC pudo establecer que la empresa no informaba a los consumidores sobre la tasa de interés moratoria, la tasa máxima legal vigente a la fecha de celebración del contrato y el derecho del deudor de efectuar pagos anticipados, sin que se exija el pago de intereses no causados ni sanciones económicas.
La Procuraduría General estableció que el exalcalde de Bucaramanga ejecutó acciones para direccionar la adjudicación de dicho contrato.
La Procuraduría General confirmó que el docente asedió a las menores de edad tanto física como verbalmente y en contra de su voluntad.
La funcionaria judicial se negó a dar tramite de la petición de una de las partes, hecho que para la Comisión de Disciplina Judicial representa una falta grave.
La funcionaria judicial disciplinada conoció y decidió una acción de tutela para la cual no era competente y rechazó -sin argumento válido-, recurso de impugnación del Ejército Nacional.
[FOTOS] “Hacemos un llamado a Coviandina para que en lugar de arrinconar a nuestros comerciantes y campesinos, nos ayude a salir adelante con mejores precios en los peajes y que ellos puedan comercializar sus alimentos”, señaló el alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz.
El incumplimiento de la garantía legal, el no brindar información clara, veraz, oportuna de los bienes y servicios ofrecidos e incumplir con el régimen de promociones y ofertas son algunos de los factores que motivaron la sanción. Además, Superindustria pudo establecer que incumplían con los tiempos de entrega de los productos.
La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que en la difusión de las piezas publicitarias de la oferta “Netflix Y Amazon Prime, incluido en planes a partir de $75.990 y $99.990”, Movistar omitió información relevante en relación con las condiciones y requisitos adicionales para acceder a estas aplicaciones.
Deberán pagar $13.118 millones por incumplir normas relacionadas con la facturación y medición real de consumos en los primeros meses de la pandemia, y además, algunas disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria.