La Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdos con seis de los presuntos involucrados, quienes deberán aceptar su responsabilidad en diferentes delitos y restituir el dinero que habría sido apropiado, además de colaborar con la justicia.
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Se trata de Rubén Darío Iregui González, quien es señalado por la Fiscalía de ordenar el desembolso de 40 millones de pesos por actividades que no se ejecutaron.
En el curso del proceso la Fiscalía estableció que habría recibido dádivas para orientar cuatro procesos de contratación que superaron los 2.500 millones de pesos.
A estos funcionarios del municipio de Santa Lucía, se unen un exsecretario de planeación del mismo municipio y un particular. Estas personas participaron en un entramado de corrupción que se apropió de $285 millones destinados a atender a los damnificados por el invierno.
[FOTOS] En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. En cinco procesos de contratación se habrían perdido cerca de $74.779 millones. Los imputados son Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes de Zúñiga y Carlos Eduardo Caicedo.
Al parecer, presentaron y lograron el pago de cuentas de cobro sin tener ningún vínculo contractual o laboral con la entidad.
La investigación del CTI probó que el médico y su exasesora jurídica firmaron un contrato del servicio farmacéutico con una Unión Temporal, que no cumplía los requisitos de ley. También fue sentenciada junto con un contratista.
La Fiscalía encontró elementos para demostrar la participación en relación con delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Pastor Mosquera Lozano fue condenado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros y pagará cárcel y una millonaria multa.
[VIDEO] La Fiscalía estableció que, en un solo contrato, habrían sido facturadas 2.339 consultas, cuando en realidad se realizaron 21. Adicionalmente, hay evidencia de que cada cita médica por internet, al parecer, superó los $14’000.000.