Por los hechos de corrupción en los cuales también está involucrado un contratista, los condenados deberán cumplir penas entre 20 y 33 años de prisión.
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La procesada se habría apropiado, en 2018, de 130 millones de pesos dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de la comunidad Inga en Putumayo.
El exmandatario habría recibido 2.000 millones de pesos por orientar el proceso contractual para que quedara en manos de un oferente específico. Los dueños de dos empresas que conformaron la unión temporal comprometida en los actos de corrupción también fueron vinculados al proceso penal.
La Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdos con seis de los presuntos involucrados, quienes deberán aceptar su responsabilidad en diferentes delitos y restituir el dinero que habría sido apropiado, además de colaborar con la justicia.
Se trata de Rubén Darío Iregui González, quien es señalado por la Fiscalía de ordenar el desembolso de 40 millones de pesos por actividades que no se ejecutaron.
En el curso del proceso la Fiscalía estableció que habría recibido dádivas para orientar cuatro procesos de contratación que superaron los 2.500 millones de pesos.
A estos funcionarios del municipio de Santa Lucía, se unen un exsecretario de planeación del mismo municipio y un particular. Estas personas participaron en un entramado de corrupción que se apropió de $285 millones destinados a atender a los damnificados por el invierno.
[FOTOS] En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. En cinco procesos de contratación se habrían perdido cerca de $74.779 millones. Los imputados son Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes de Zúñiga y Carlos Eduardo Caicedo.
Al parecer, presentaron y lograron el pago de cuentas de cobro sin tener ningún vínculo contractual o laboral con la entidad.
La investigación del CTI probó que el médico y su exasesora jurídica firmaron un contrato del servicio farmacéutico con una Unión Temporal, que no cumplía los requisitos de ley. También fue sentenciada junto con un contratista.