Por los hechos de corrupción en los cuales también está involucrado un contratista, los condenados deberán cumplir penas entre 20 y 33 años de prisión.
Etiqueta: falsedad ideológica
El exmandatario habría recibido 2.000 millones de pesos por orientar el proceso contractual para que quedara en manos de un oferente específico. Los dueños de dos empresas que conformaron la unión temporal comprometida en los actos de corrupción también fueron vinculados al proceso penal.
Ambos procesos en los que se presentaron documentos falsificados para engañar al Estado se dieron a pesar de que era de público conocimiento que fue uno de los principales ‘cerebros’ que desfalcó a Bogotá con el ‘Carrusel de la Contratación’.
A estos funcionarios del municipio de Santa Lucía, se unen un exsecretario de planeación del mismo municipio y un particular. Estas personas participaron en un entramado de corrupción que se apropió de $285 millones destinados a atender a los damnificados por el invierno.
[VIDEO] Los 11 capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público.
[FOTOS] En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. En cinco procesos de contratación se habrían perdido cerca de $74.779 millones. Los imputados son Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes de Zúñiga y Carlos Eduardo Caicedo.
Un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión, pero con ocasión a su aceptación de cargos, la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
La Procuraduría formuló cargos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de obra y de prestación de servicios por más de $60 millones, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.
La Fiscalía también procesará a varios exfuncionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quienes habrían permitido que Orlando Alberto Nieto Guzmán se quedara con el programa que había costado más de 18 mil millones de pesos.
Al parecer, presentaron y lograron el pago de cuentas de cobro sin tener ningún vínculo contractual o laboral con la entidad.