La procesada se habría apropiado, en 2018, de 130 millones de pesos dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de la comunidad Inga en Putumayo.
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Los hechos investigados ocurrieron durante 2018 y hasta mediados de 2019, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°2 (FUDRA), con sede en Tumaco (Nariño).
Los elementos de prueba indican que habría sido transgredida una prohibición que impedía a las personas procesadas penalmente por delitos contra la administración pública hacer aportes a cualquier campaña política.
[VIDEO] Se trata de Jaime Ramón Rubiano Vinuesa quien fue imputado por la Fiscalía por el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cargo que no fue aceptado por el procesado.
De otra parte, otro delegado fiscal la citó a diligencia de interrogatorio por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ´carrusel de vehículos blindados´.
Alba Luz Flórez habría plasmado información falsa en los informes de inteligencia que sustentaron el desembolso del dinero reconocido a las fuentes humanas que entregaron grabaciones, expedientes y datos reservados de los magistrados del Alto Tribunal.
El exaspirante a la Presidencia de la República, presuntamente, recibió y no reportó 1’610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça.
La Fiscalía General de la Nación determinó que luego de que le solicitaron la renuncia, la exfuncionaria ordenó terminar de manera anticipada 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y suscribió inmediatamente los mismos para ampliar el término de ejecución.
A través de la Dirección de Justicia Transicional, culminó dos macroimputaciones contra Mancuso y otros integrantes de las AUC por distintas conductas criminales ocurridas entre 1987 y 2005 en el norte del país. Entre los delitos atribuidos hay casos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.
[FOTOS] En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. En cinco procesos de contratación se habrían perdido cerca de $74.779 millones. Los imputados son Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes de Zúñiga y Carlos Eduardo Caicedo.