El ente investigador presentó el escrito de acusación en contra de la funcionaria judicial y afirma que tiene pruebas de que habría solicitado 600 millones de pesos para archivar una indagación. La implicada se pronuncia en redes sociales.
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De otra parte, otro delegado fiscal la citó a diligencia de interrogatorio por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ´carrusel de vehículos blindados´.
Los uniformados habrían seguido a la víctima luego de realizar una transacción bancaria y le habrían quitado unos 11 millones de pesos en efectivo.
Se establece una pena de 8 años de prisión para la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas, así como el pago de una muta 66.66 SMLV y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años y medio.
El exprocurador Fernando Carrillo y el senador Richard Aguilar ya lo habían denunciado.