El ente investigador presentó el escrito de acusación en contra de la funcionaria judicial y afirma que tiene pruebas de que habría solicitado 600 millones de pesos para archivar una indagación. La implicada se pronuncia en redes sociales.
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Bernardo Herrera, vocero de la entidad, señaló que la puja por el arriendo de la nueva sede de la Unidad Nacional de Protección ha generado señalamientos cuestionables, que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.
El congresista aclaró que la asignación de gasolina que le hace la UNP corresponde a un familiar que salió beneficiado luego de un estudio de seguridad, sin embargo, aclaró que en adelante él mismo asumirá ese costo.
El órgano de control puntualizó que se deben garantizar los derechos de “los ciudadanos que han debido acudir al ejercicio de la protesta en procura de que se respeten sus prerrogativas a una vida digna”.
El procesado habría participado en un asalto ocurrido en el norte de Bogotá, en el que le fueron arrebatos a un ciudadano varios objetos de valor que ascienden a 22 millones de pesos.
La Procuraduría General ordenó la práctica de pruebas para establecer la ocurrencia de comportamientos posiblemente irregulares, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
[VIDEO] Así lo anunció el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, además, afirmó que la Policía Metropolitana junto con la Fiscalía General de la Nación trabajan sobre pistas concretas.
[VIDEO] Para el Defensor del Pueblo es importante que se tengan en cuenta las alertas tempranas porque facilitan la implementación de medidas de acuerdo con las zonas de riesgo particularmente para líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz, entre otros.
Además, el procesado habría ofrecido 300 millones de pesos a los policías que lo detuvieron para que no reportaran el hallazgo.
El ente de control iniciará indagación contra servidores públicos por determinar al interior de la Unidad Nacional de Protección y demás entidades involucradas en presuntas irregularidades relacionadas con falsos blindajes de vehículos que son administrados por la UNP.