El exmandatario departamental estaría implicado en el direccionamiento de 23 procesos contractuales por 9.000 millones de pesos, para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020.
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Según el alto tribunal, la Procuraduría “no es una autoridad judicial sino administrativa”, que carece de competencia para establecer e imponer la inhabilidad a Cielo González Villa.
La Fiscalía General de la Nación determinó que luego de que le solicitaron la renuncia, la exfuncionaria ordenó terminar de manera anticipada 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y suscribió inmediatamente los mismos para ampliar el término de ejecución.
Los exalcaldes de Santa Marta, así como los exgerentes de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture Mercado (2015), y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), son investigados por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General en la etapa procesal incluyó a Christian David Guzmán por, al parecer, suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad y que pudo permitir su vinculación como asesor en el Congreso de la República.
En el curso del proceso la Fiscalía estableció que habría recibido dádivas para orientar cuatro procesos de contratación que superaron los 2.500 millones de pesos.
La presunta falta objeto de investigación fue calificada por el Ministerio Público provisionalmente como grave a título de culpa gravísima.
La Procuraduría formuló cargos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de obra y de prestación de servicios por más de $60 millones, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.
La Contraloría General encontró irregularidades en un contrato suscrito con la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia S.O.S. para entregar reconocimientos a estudiantes.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la entidad asumirá el conocimiento de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal.