Luego de evidenciar las conductas al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que deberán pagar, en total, más de $20.514 millones.

Luego de evidenciar las conductas al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que deberán pagar, en total, más de $20.514 millones.
La compañía fue multada con más de 800 millones de pesos por desatender los requerimientos de esta Autoridad, por quejas sobre Habeas Data financiero y por desconocer órdenes impartidas sobre reportes ilegales ante centrales de riesgo.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas hasta de 100.000 SMLMV por cada infracción al régimen de libre competencia, y a quienes hayan facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado y/o tolerado las conductas anticompetitivas, hasta de 2.000 SMLMV por cada infracción.
A dichas plataformas, y empresas relacionadas, la Supertransporte les impuso multas que suman en total más de 1.700 millones de pesos.
Los contratistas Richard Alexander Castro y Diego Adolfo Robles fueron sancionados con el pago de cerca de 90 millones de pesos por dichas conductas ilegales.
La sociedad “Mercadeo y Moda S.A.S.” como propietaria de las tiendas en Colombia, fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio y deberá pagar $220 millones.
Al vulnerar el régimen de protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó multas por un total de 2.877 millones de pesos.
En la investigación, se probó que la empresa solicitó a algunos consumidores la presentación del recibo de compra del producto como condición para acceder a la campaña de seguridad, imponiendo así condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos.
La orden se dio por el incumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional en Sentencia SU 420 del 12 de septiembre de 2019 que le amparó el derecho a la honra y al buen nombre de Rafael Manjarrez, actual Vicepresidente de Sayco.
La Superintendencia Financiera impuso una multa por $400 millones de pesos. La entidad bancaria evalúa si decide interponer los recursos de ley correspondientes.