El Ministerio Público confirmó este lunes, en un fallo de segunda instancia, la sanción de destitución por 20 años y la multa de $16.756 millones a cada uno de los entonces directivos de la multinacional brasileña en Colombia.
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El Ministerio Público reveló que los inconvenientes similares a los que provocaron la salida de Karen Abudinen de MinTic también se presentan con la multinacional mexicana, con respecto a los retrasos.
El órgano de control desarrolló mesas de trabajo y efectuó una serie de observaciones sobre el modelo de negocio planteado. La acción preventiva está orientada a asegurar la transparencia en el proceso y el cumplimiento de las normatividades públicas vigentes.
La solicitud de traslado del proceso, hecha por la Procuraduría, evitó que prescribiera la investigación por los hechos ocurridos en el año 2000.
Además, Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del polémico contrato, fueron implicados.
La Procuraduría General encontró probadas las faltas disciplinarias de los exfuncionarios por recibir prestación económica periódica para facilitar el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA a favor de la organización R&B Consultores.
La Procuraduría estimó que el mayor Raúl Pérez, no habría desplegado ningún procedimiento policial en busca de preservar la convivencia pacífica y proteger la vida e integridad física de quienes protestaban.
El Ministerio Público solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 SMLMV, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.
Delegada para la Contratación Estatal, competente para llevar la indagación preliminar por Contrato de Aportes MinTic – UT Centros Poblados, rechazó por improcedente solicitud de recusación.
La Procuraduría General advirtió que “la materialización efectiva del cierre de ‘El Carrasco’ no tiene por qué ser sorpresiva o inesperada”, teniendo en cuenta que desde 2011 ya se conocía la decisión del Tribunal Administrativo de Santander.