La Procuraduría General de la Nación advierte que en juego se encuentran cerca de 600 mil millones de pesos del contrato y se podría generar tropiezos en el normal desarrollo de la prestación del servicio con la entrega de pasaportes.
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El Ministerio Público solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 SMLMV, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.