De acuerdo al órgano de control, entre los días del 24 al 27 de diciembre de 2021, habrían desaparecido dineros, del recaudo de la administración, sin justificación alguna.

De acuerdo al órgano de control, entre los días del 24 al 27 de diciembre de 2021, habrían desaparecido dineros, del recaudo de la administración, sin justificación alguna.
[FOTOS] Defensor del Pueblo enviará su informe anual de DDHH del Guaviare a la Procuradora para que inicie las investigaciones disciplinarias, a que haya lugar. Los riesgos advertidos desde 2019 a través de la Alerta Temprana Estructural 005, no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.
Adicionalmente a esta investigación en curso, la Procuradora Margarita Cabello Blanco envió una comisión extraordinaria al departamento para verificar la respuesta institucional a nuevas denuncias sobre explotación sexual contra menores de edad indígenas.
La Procuraduría formuló cargos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de obra y de prestación de servicios por más de $60 millones, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.
Solo se han ejecutado 54 de 131 proyectos planeados para las comunidades, así lo determinó la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.
La entidad autorizó el ejercicio del poder preferente resaltando que son hechos de connotación nacional y que al parecer afectaron gravemente derechos fundamentales de personas que perdieron la vida, así como derechos de sus familiares.
El ente de control iniciará indagación contra servidores públicos por determinar al interior de la Unidad Nacional de Protección y demás entidades involucradas en presuntas irregularidades relacionadas con falsos blindajes de vehículos que son administrados por la UNP.
[VIDEO] El órgano de control quiere establecer si se cometieron excesos al esposar frente a sus hijos a esta exempleada quien reclamaba su liquidación laboral. El local fue sellado por incumplir con el pago de seguridad social a uno de sus empleados.
El exgobernador de Córdoba habría entregado al exmagistrado Camilo Tarquino $30 millones, y al exsenador Mussa Besayle $600 millones para ser favorecido en actuaciones judiciales.
La Procuraduría General investigará la contratación de siete personas a las que se habría encargado mejorar la imagen de la Alcaldía.