La investigación se extiende también al Vicepresidente Jurídico y Vicepresidente de Sociedades de la SAE, así como al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Transcurridos 3 años desde el inicio de procesos sancionatorios, el ente de control advirtió sobre el inefectivo actuar de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá.
Inicio oportuno del servicio, calidad en los alimentos y estricta vigilancia, están entre los lineamientos más importantes. Cinco son las recomendaciones fundamentales para las Entidades Territoriales Certificadas encargadas de contratar y suministrar los alimentos estipulados en el Programa de Alimentación Escolar.
[VIDEO] Llegó la hora de estudiar y 15 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) se rajan en el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Esta investigación surge tras las quejas recibidas en la Audiencia Pública realizada por la Procuradora General por casos de invasión y ocupaciones ilegales de tierras en el Atlántico.
Luis Guillermo Pérez Casas fija su posición frente a la investigación y afirma que la entidad continuará con ahínco y transparencia la labor y compromiso de inspección, control y vigilancia por el bienestar social de las y los trabajadores colombianos y sus familias.
De acuerdo al órgano de control, entre los días del 24 al 27 de diciembre de 2021, habrían desaparecido dineros, del recaudo de la administración, sin justificación alguna.
[FOTOS] Defensor del Pueblo enviará su informe anual de DDHH del Guaviare a la Procuradora para que inicie las investigaciones disciplinarias, a que haya lugar. Los riesgos advertidos desde 2019 a través de la Alerta Temprana Estructural 005, no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.
Adicionalmente a esta investigación en curso, la Procuradora Margarita Cabello Blanco envió una comisión extraordinaria al departamento para verificar la respuesta institucional a nuevas denuncias sobre explotación sexual contra menores de edad indígenas.
La Procuraduría formuló cargos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de obra y de prestación de servicios por más de $60 millones, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.