La congresista conservadora expresó reparos al impuesto que se mantuvo para la generación de energía eólica y la facultad que tendrán las asociaciones público populares para realizar contratos hasta por $7 mil millones.
La decisión se toma “en aras de fortalecer las reformas que, aunque necesarias, no nos pueden representar el debilitamiento de nuestro sistema”, registra el comunicado del partido político.
“No queremos ser partícipes de un gobierno que no le apuesta al desarrollo, a la generación de ingresos, ni a la promoción del emprendimiento, lo que generará más pobreza, inequidad y rencor”, afirma en comunicado el partido político.
[VIDEO] Esto con el objetivo de que al menos 4 millones de colombianos alivien su economía familiar, cuiden su salud y protejan el medio ambiente. En la actualidad el subsidio al GLP sólo existe en Putumayo, Nariño, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca y San Andrés Islas.
De acuerdo con el articulado publicado por el Departamento Nacional de Desarrollo, los datos abiertos jugarán un papel importante durante los próximos cuatro años con el objetivo de mejorar la inclusión financiera en el país.
Del PND presentado ayer al país hace parte la estrategia de conectividad nacional y regional que permitirá conectar a los territorios y desarrollar habilidades digitales en los ciudadanos, para la seguridad humana y la justicia social.
El evento contó con la participación de Isagen y bajo la dirección técnica de WWF Colombia, El Espectador, a través de su campaña BIBO. Se espera que estas conclusiones de temas prioritarios en materia de agua y energía sean tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro.
El evento que se realizará el próximo 8 de noviembre, será el escenario para presentar y dialogar en torno a las propuestas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para las víctimas del conflicto armado y construir una ruta de acción para la incidencia que permita la garantía de sus derechos.
[FOTOS+AUDIO] Tierras, vivienda, educación, salud, más recursos para la reparación, empleo, proyectos productivos y acceso a bienes incautados, entre muchos otros, están dentro de las pretensiones de las víctimas del conflicto armado para los próximos cuatro años.