A través de escenarios de diálogo, las mesas departamentales de participación efectiva de víctimas iniciaron en el país el proceso de presentación de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
El trabajo lo lideran las 32 mesas departamentales y la Distrital de Bogotá, encargadas de recogerlas en torno de los componentes de la política pública de víctimas: prevención y protección, atención y asistencia y reparación integral.
Las iniciativas formuladas a nombre de las víctimas del conflicto armado –9.342.426 según el Registro Único—serán evaluadas y discutidas en estos espacios de participación a lo largo de octubre para posteriormente entrar a un proceso de consolidación en la Mesa Nacional de Participación con el apoyo de Planeación Nacional, el Ministerio del Interior y de la Unidad para las Víctimas. De este proceso surge el documento final que se presenta como propuesta para el PND.
Este ejercicio participativo se da en medio de hechos importantes: la prórroga de la ley 1448 de 2011 (ley de Victimas), ahora ley 2078 de 2021, y la representación de las víctimas en el Congreso a través de sus 16 voceros territoriales.
Según Eucaris Salas, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación, “queremos que este nuevo gobierno nos tenga en cuenta con nuestras propuestas y queremos un capítulo especial para las víctimas del conflicto armado”.
Las propuestas de las mesas
Las mesas departamentales de Casanare, Bolívar, Atlántico, Boyacá, Caldas, Tolima, Antioquia, Risaralda y Quindío fueron las primeras en presentar los temas que, consideran, deben alimentar el PND 2022-2026.
Por ejemplo, en la jornada realizada en Barranquilla, plantearon el fortalecimiento de proyectos productivos y oportunidades de empleo para la población retornada y reubicada y mayores garantías en prevención y protección.
En Caldas, el énfasis está en ocho iniciativas, dentro de las cuales sobresalen la creación de una estampilla províctimas y los impuestos al carbón, el oro y el petróleo, mientras que en Risaralda el foco está en indemnizaciones, la restitución de tierras y bajar el rango de edad para recibir la medida de reparación.
Por su parte, en el Quindío plantean la venta urgente de bienes incautados para que esos recursos se conviertan en indemnizaciones, aumentar el porcentaje de los recursos de regalías y flexibilizar requisitos para presentar proyectos para generación de ingresos de sus comunidades.
En Norte de Santander tienen un bloque de 59 propuestas que giran en torno de los ejes de salud, vivienda, educación, proyectos productivos e inversión social. Mientras, en la reunión de Yopal, el pasado 7 de octubre, se planteó la necesidad de acceso a vivienda digna, a tierras y la garantía de los derechos de los afectados por el conflicto.
En opinión de Ludirlena Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación, la disposición del Gobierno para trabajar con las víctimas es importante. “Esperamos que lo pactado en el territorio se cumpla. Esto es algo que nos permite incluir todas esas necesidades de nuestra población y nos sirve porque tendremos políticas públicas que la impacten de manera conveniente”.
En la semana del 18 al 22 el turno será para las mesas departamentales de Huila, Magdalena, La Guajira, Chocó, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Meta, Bogotá, Montería y Nariño.
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De acuerdo con la Mesa Nacional de Participación, todas las víctimas del país que deseen hacer llegar sus iniciativas deben tramitarlas con las mesas municipales o enviarlas al correo mnacionalvictimas@gmail.com.
Las propuestas también pueden hacerse llegar a los diálogos vinculantes que realiza el Gobierno. Por ejemplo, en los próximos encuentros de Turbo (Antioquía), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño), Buenaventura (Valle) y Riohacha (Guajira).
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