Para la JMN, las revelaciones de presuntas irregularidades significativas y posibles actos de corrupción en las EPS compromete gravemente la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la salud, lo que justifica la decisión del gobierno de no aumentar el valor de la UPC más allá de la inflación.
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Según el partido político, los recursos corresponden a los ajustes de presupuestos máximos por servicios, tecnologías y medicamentos que fueron asumidos por las EPS en 2021 y 2022 y que fueron prestados a los usuarios. Dichos recursos no estaban financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).