La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal por 202 mil 767 millones 134 mil 694 pesos, contra dos EPS, el Representante Legal de una IPS Pública, 3 Uniones Temporales prestadoras de servicios y tres gobernadores, por irregularidades en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de las vigencias comprendidas entre los años 2017 a enero de 2021 inclusive, con ocasión de la ejecución de un contrato interadministrativo celebrado entre la gobernación del archipiélago y una IPS pública.
La CGR determinó que las EPS solicitaron a la ADRES 94 mil 936 millones 891 mil 152 pesos, los cuales no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las Islas y a su turno las EPS giraron a las UT prestadoras de servicios 2 mil 905 millones 830 mil 271 pesos, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias.
Así mismo la Contraloría General de la República advirtió que se giraron 16 mil 293 millones 645 mil 185, por concepto de subsidio de la oferta en salud cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria.
Igualmente encontró que se pagaron 87 mil 172 millones 819 mil 668 pesos, a la IPS pública, que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias.
Por otra parte, se estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés 824 millones 336 mil 362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes.
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Finalmente, la CGR pudo constatar, que la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica teleasistida con una IPS privada, cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por 633 millones 611 mil 856 pesos.
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