Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos determinó que el exoficial del Ejército habría obligado a unos soldados a comer cigarrillos y sometido a otros actos degradantes.
Estos actos constituyeron “parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, registra la notificación.