La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó su informe semestral, correspondiente a la labor que desarrolló entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. En el documento, la Misión resaltó los esfuerzos y la nueva política de paz del presidente Gustavo Petro, que consideró como “un aporte fundamental para que las Américas sean una zona de paz”, y le hizo un llamado a los grupos armados ilegales a tener un mayor compromiso con el diálogo que ofrece el Gobierno en el marco de la Paz Total.
Entre los cambios que aplaudió la OEA está la designación de Patricia Tobón Yagarí como directora de la Unidad para las Víctimas, con el enorme reto de poner al día al Estado con la indemnización y reparación integral de las víctimas, como le encargó el presidente Petro a Tobón Yagarí durante la ceremonia de su posesión, el pasado 22 de agosto de 2022.
De acuerdo con el informe que presentó la Misión, el nombramiento de la directora “representa una nueva oportunidad para que la institucionalidad avance en la comprensión integral e incluyente de los procesos transformadores que requieren las víctimas”. De igual forma, se refirió al reto inmediato que tiene la Unidad, que pasa por “mejorar la ruta que se ejecuta con enfoque diferencial y brindar celeridad a los procesos étnicos”, al tiempo que le solicitó impulsar todas las acciones necesarias para que haya un progreso en “el goce efectivo de derechos” de las víctimas del conflicto armado.
Otra alerta que hace la Misión en el documento es que se impulse una política pública para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En su llamado, pide que exista determinación para encontrar caminos que lleven a “superar la desarticulación de las entidades, tanto judiciales como extrajudiciales y aunar esfuerzos que permitan hacer efectiva la verdad y reparación de las víctimas de desaparición forzada”.
El informe de la Misión acogió los resultados de 1.121 misiones en terreno, en 585 centros poblados de 190 municipios, en 24 departamentos del país, concluyendo que hay una “persistencia del conflicto armado y la ausencia de garantías de no repetición”, que impiden la implementación de los planes de reparación colectiva en las zonas en que persiste la guerra, por lo que clamó por esfuerzos interinstitucionales para la implementación de la política pública de reparación a víctimas.
Durante su labor como directora de la Unidad, Tobón Yagarí ha insistido en el compromiso que asumió para promover reflexiones y superar la indiferencia de la sociedad hacia las víctimas. En cuanto a su promesa de reparación, también ha mencionado que no hay otra forma de cumplirla que con recursos. “Son $301 billones que se requieren para la reparación integral a las víctimas”, ha advertido en varios espacios de seguimiento a los procesos de atención.
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“En la Unidad para las Víctimas cambiamos para servir, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos”.
Aquí pueden consultar el informe: https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-XXXIV-Esp-1.pdf
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