De otra parte, otro delegado fiscal la citó a diligencia de interrogatorio por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ´carrusel de vehículos blindados´.
El Congreso de Chile desestimó en enero pasado una acusación similar contra Jackson, uno de los ministros más cercanos al presidente, Gabriel Boric, señalado ahora por el Caso Convenios, una trama de corrupción sobre el millonario traspaso de fondos públicos a fundaciones privadas.
El juez de control de garantías descartó la petición de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, que alegaba una presunta falta de competencia para su procesamiento en Bogotá.
La presunta conducta investigada por la entidad se habría registrado en seis procesos de contratación en el Cauca, que involucra a las asociaciones Asipcom, Asopopayán Y Asotambo y a 5 personas naturales más.
Se trata de Rubén Darío Iregui González, quien es señalado por la Fiscalía de ordenar el desembolso de 40 millones de pesos por actividades que no se ejecutaron.
Los exalcaldes de Santa Marta, así como los exgerentes de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture Mercado (2015), y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), son investigados por la Procuraduría General de la Nación.
Ambos procesos en los que se presentaron documentos falsificados para engañar al Estado se dieron a pesar de que era de público conocimiento que fue uno de los principales ‘cerebros’ que desfalcó a Bogotá con el ‘Carrusel de la Contratación’.
La investigación también involucra a tres uniones temporales por irregularidades en la atención de afiliados al régimen contributivo y subsidiado en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Este entramado de corrupción estaba integrado por una procuradora delegada, una funcionaria judicial y cuatro abogados, quienes a cambio de gruesas sumas de dinero lograron condicionar el resultado de varios procesos.
El funcionario desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud, con lo que ocasionó riesgosas condiciones en la prestación del servicio a casi siete millones de usuarios.