En desarrollo de la estrategia investigativa definida para judicializar a las personas que habrían colaborado con la red de corrupción que conformó y articuló el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al exjefe de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, Rubén Darío Iregui González, el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Entre marzo y diciembre de 2021, el exfuncionario fue el supervisor de los contratos de prestación de servicios profesionales de Daniela Ospina Loaiza y Juan Carlos Martínez, presuntos integrantes del entramado ilegal que direccionó la contratación en entidades del orden nacional y territorial.
Estas dos personas fueron vinculadas al Senado por un periodo de cuatro meses para desarrollar actividades de prevención relacionadas con la pandemia del COVID-19, como hacer seguimiento a los servidores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), brindar información de salud pública y apoyar campañas sobre el correcto uso de los elementos de protección.
Cada contrato de prestación de servicios ascendió a 20 millones de pesos. Los elementos de prueba dan cuenta de que el objeto previsto no se cumplió, pero los contratistas recibieron sus pagos, previa autorización y aval del entonces jefe de recursos humanos del Senado.
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Está acreditado que el señor Iregui González, al parecer, envió varios correos electrónicos a la división financiera para que fueran desembolsados 40 millones de pesos en favor de los dos señalados enlaces del exsenador Mario Castaño.
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