La presunta conducta investigada por la entidad se habría registrado en seis procesos de contratación en el Cauca, que involucra a las asociaciones Asipcom, Asopopayán Y Asotambo y a 5 personas naturales más.
Se trata de Rubén Darío Iregui González, quien es señalado por la Fiscalía de ordenar el desembolso de 40 millones de pesos por actividades que no se ejecutaron.
Los exalcaldes de Santa Marta, así como los exgerentes de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture Mercado (2015), y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), son investigados por la Procuraduría General de la Nación.
Ambos procesos en los que se presentaron documentos falsificados para engañar al Estado se dieron a pesar de que era de público conocimiento que fue uno de los principales ‘cerebros’ que desfalcó a Bogotá con el ‘Carrusel de la Contratación’.
La investigación también involucra a tres uniones temporales por irregularidades en la atención de afiliados al régimen contributivo y subsidiado en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Este entramado de corrupción estaba integrado por una procuradora delegada, una funcionaria judicial y cuatro abogados, quienes a cambio de gruesas sumas de dinero lograron condicionar el resultado de varios procesos.
El funcionario desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud, con lo que ocasionó riesgosas condiciones en la prestación del servicio a casi siete millones de usuarios.
La Comisión de Disciplina Judicial tomó la decisión provisional en contra de Orlando José Petro, en una determinación que fue considerada, por el Gobierno y la Fiscalía, como un abuso de la figura de gestor de paz que impulsa la administración de Gustavo Petro.
De igual manera fue sentenciado el exrepresentante de una empresa dedicada a la obtención de material de arrastre, quien vendió los bienes a sabiendas de que estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.