El Ministerio Público confirma la ocurrencia de los hechos en los que, al parecer, aproximadamente seis servidores públicos le causaron politraumatismos en todo el cuerpo a un ciudadano.
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La Procuraduría General quiere establecer si los funcionarios de la entidad omitieron medidas de seguridad para preservar la vida de la mujer, quien fue asesinada con arma de fuego por su expareja sentimental.
Los exalcaldes de Santa Marta, así como los exgerentes de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture Mercado (2015), y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), son investigados por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General confirmó que el docente asedió a las menores de edad tanto física como verbalmente y en contra de su voluntad.
La investigación de la Procuraduría General incluyó a un general, dos coroneles, un capitán, un teniente y tres suboficiales.
Luego de ocho días de conocerse el caso, ocurrido en Bosa, el Ministerio Público desea establecer si en realidad ocurrió un suicidio, como inicialmente reportaron los uniformados a cargo.
Además, pidió que se active la participación del Ministerio Público en el desarrollo de las mesas de trabajo que se realicen entre la JEP y la Unidad para las Víctimas, con el fin de armonizar la aproximación de las entidades involucradas y, en consecuencia, el acceso al sistema, así como las expectativas de las víctimas.
Para la Procuraduría General de la Nación, la exfuncionaria habría desconocido el principio de transparencia al no haber hecho una convocatoria pública antes de suscribir un convenio con la Corporación Colombia Avanza.
La Procuraduría investiga la responsabilidad de Guillermo Enrique Grosso Sandoval en el presunto despilfarro de unos $800 millones, entre 2015 y 2016.
Los presuntos hechos fueron denunciados por medios de comunicación y el informe rendido por “Bogotá cómo vamos” en el que se realizó un análisis de la gestión adelantada por los cabildantes de la capital del país.