Con la entrada en vigencia de la Ley Ángel, Colombia da un paso firme hacia los estándares internacionales en bienestar animal y envía un mensaje contundente: la crueldad no tendrá cabida en una sociedad que avanza hacia la compasión y la justicia.
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En Colombia, las empresas y los espacios públicos deben garantizar el acceso a personas con discapacidad. Leyes establecen la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad y de implementar ajustes razonables para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
La prescripción solo puede ser decretada por un juez cuando el deudor solicita el recurso. Conocer estos pasos permite a los ciudadanos ejercer su derecho a la prescripción de deudas de manera informada y efectiva, evitando cobros injustificados y protegiendo su historial crediticio.
El IPC registró un aumento del 5.20%, mientras que el Salario Mínimo tuvo un ajuste del 9.53%. Estos valores son fundamentales para calcular el valor actualizado de la cuota alimentaria.
Jimmy Jiménez, abogado del bufete Integrity Legal, indica que esta interpretación jurídica tiene implicaciones importantes para las parejas que deciden vivir separadas sin iniciar un proceso de divorcio, pero aún no se puede establecer como una línea jurisprudencial definitiva.
Con la aplicación de la ley tendrán beneficios y cobertura, en todos los aspectos, los más relevantes son: sucesiones, pensional, cuotas alimentarias, régimen de visitas, beneficios laborales y de seguridad social, entre otros, están estipulados dentro de esta legislación.
En Colombia aparte de las leyes del Código Penal que tipifican algunas conductas delictivas, no existen normas específicas que sancionen el mal uso, ni los delitos cometidos a través de la inteligencia artificial; lo cual implica la urgencia de la regulación y sanciones apropiadas, para este tipo de delitos.
Según un reporte emitido por el ICBF, entre 2020 y 2023, se registraron 1.264 casos de niños, niñas y adolescentes que ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por motivo de trata de personas con fines de explotación sexual y/o víctimas de violencia sexual.
Además de las consecuencias penales, si un trabajador es descubierto, son posibles las sanciones, un llamado de atención formal o la suspensión del contrato de trabajo; teniendo en cuenta las circunstancias, reglamento interno y la gravedad del caso.
Casos como el de “mi pareja quedó embarazada y yo no quiero tener hijos” o una simple falla con el método de anticoncepción, entre muchos otros escenarios, podrían conllevar a conflictos sobre el reconocimiento de la paternidad, y a una posible vulneración de derechos.