La Sentencia T-059 de 2026 reconoce la evasión de alimentos como una forma de violencia y amplía las herramientas judiciales contra los deudores.
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De acuerdo con el análisis jurídico, la forma de proceder depende principalmente de si existe o no un vínculo legal entre la madre y los presuntos padres. Jimmy Jiménez, abogado de familia del bufete Integrity Legal explica.
En Colombia, la protección del adulto mayor no es una opción discrecional, sino un mandato constitucional. El artículo 46 de la Constitución Política establece que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, garantizando su integración a la vida activa y comunitaria.
En Colombia, la patria potestad solo puede ser privada por cinco causales específicas, establecidas en el Código Civil. La finalidad no es castigar, sino proteger los derechos de los menores de edad.
El bufete de abogados Integrity Legal ha puesto al servicio de la comunidad, una herramienta completamente gratuita desarrollada con inteligencia artificial en donde los ciudadanos podrán resolver las dudas y recibir orientación relacionada con la manutención en Colombia.
La nueva ley establece procedimientos administrativos y judiciales más claros y expeditos para garantizar la restitución inmediata de menores de 16 años trasladados o retenidos ilícitamente en otro país. Hay otras novedades.
Esta nueva normativa busca agilizar el pago de cuotas alimentarias, garantizando que los recursos lleguen a los niños, niñas y adolescentes, desde el inicio del proceso ejecutivo de alimentos, sin dilataciones innecesarias.
El abogado de familia, Jimmy Jimenez, del bufete Integrity Legal, da a conocer recomendaciones para usar redes sociales como prueba en un divorcio.
Con la entrada en vigencia de la Ley Ángel, Colombia da un paso firme hacia los estándares internacionales en bienestar animal y envía un mensaje contundente: la crueldad no tendrá cabida en una sociedad que avanza hacia la compasión y la justicia.
En Colombia, las empresas y los espacios públicos deben garantizar el acceso a personas con discapacidad. Leyes establecen la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad y de implementar ajustes razonables para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.