Jimmy Jiménez, abogado del bufete Integrity Legal, indica que esta interpretación jurídica tiene implicaciones importantes para las parejas que deciden vivir separadas sin iniciar un proceso de divorcio, pero aún no se puede establecer como una línea jurisprudencial definitiva.
Con la aplicación de la ley tendrán beneficios y cobertura, en todos los aspectos, los más relevantes son: sucesiones, pensional, cuotas alimentarias, régimen de visitas, beneficios laborales y de seguridad social, entre otros, están estipulados dentro de esta legislación.
Según un reporte emitido por el ICBF, entre 2020 y 2023, se registraron 1.264 casos de niños, niñas y adolescentes que ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por motivo de trata de personas con fines de explotación sexual y/o víctimas de violencia sexual.
Además de las consecuencias penales, si un trabajador es descubierto, son posibles las sanciones, un llamado de atención formal o la suspensión del contrato de trabajo; teniendo en cuenta las circunstancias, reglamento interno y la gravedad del caso.
Las estadísticas informadas por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano indican que, a septiembre de 2023, se registraron en las notarías del país 4,1 divorcios por hora; 99 divorcios por día; 1.990 por mes, para un total de 17.914 divorcios al finalizar el año.
Casos como el de “mi pareja quedó embarazada y yo no quiero tener hijos” o una simple falla con el método de anticoncepción, entre muchos otros escenarios, podrían conllevar a conflictos sobre el reconocimiento de la paternidad, y a una posible vulneración de derechos.
Los derechos hereditarios que se ceden pueden estar relacionados con bienes específicos y esto está permitido por el Código Civil en sus artículos 1967 y 1168.
La Corte Constitucional decretó que no habrá discriminación de género al momento de decidir a quién le corresponde la custodia. Aunque se dictamine una sentencia en favor de uno de los padres por la custodia del menor, esta, también tiene un carácter temporal y se puede perder.
Según la congresista Katherine Miranda del partido Alianza Verde, al no permitirse el divorcio por la sola voluntad de una de las partes, se está limitando el libre desarrollo de la personalidad, algo que, a su juicio, va en contra de la Constitución Política.
En estos casos, la ley colombiana constituyó como opción acudir al proceso monitorio, cuya finalidad es lograr el reconocimiento y la devolución del valor de la deuda. El abogado Jimmy Jiménez del bufete Integrity Legal explica.
