El crimen fue ejecutado por integrantes del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), por las continuas denuncias que realizaba en contra de la extracción ilegal de minerales.
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Las investigaciones permitieron establecer que el capturado sería un cabecilla de una red de apoyo de las disidencias de las Farc, y estaría encargado de la ejecución de acciones terroristas contra la población y la Fuerza Pública en el corredor geográfico que une Mallama, Ricaurte y Barbacoas.
[FOTOS+VIDEO] Desde que se dio inicio a la Operación Conjunta y Coordinada “Themis”, la fuerza pública ha materializado 28 órdenes de captura de presuntos responsables de afectaciones a la población objeto del Acuerdo de Paz.
La víctima, de nacionalidad venezolana, fue atacada con arma blanca porque invitó a un grupo de barristas a ingresar a un establecimiento de comercio donde laboraba.
Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (UCCU), habría pagado la nómina y facilitado armas, recursos y otros elementos a paramilitares que ejecutaron homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad entre 1996 y 1998.
La Fiscalía ha logrado tres condenas por el crimen de Hugo Hernán Perafán Gómez. Las dos anteriores fueron contra los sicarios, identificados como Daniel Enrique de los Reyes Fuentes y Edithson Huertas Ríos. Estos dos hombres y el hoy sentenciado figuran en los registros oficiales como desmovilizados de los grupos paramilitares de los Llanos Orientales.
[VIDEO] Con orden de captura vigente por homicidio agravado, el sospechoso fue recapturado al salir de una audiencia virtual donde fue imputado por el delito de cohecho por dar u ofrecer dinero a uniformados.
Los investigados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Todo pasó por robarle el celular. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Dos de los procesados aceptaron cargos.
Son investigadas por la Fiscalía por su aparente participación en los hechos que terminaron con la vida de Miguel Ángel Rendón Orjuela, comerciante de huevos, quien fue asesinado el pasado 14 de febrero en Tuluá.