Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (UCCU), habría pagado la nómina y facilitado armas, recursos y otros elementos a paramilitares que ejecutaron homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad entre 1996 y 1998.
