Casos como el de “mi pareja quedó embarazada y yo no quiero tener hijos” o una simple falla con el método de anticoncepción, entre muchos otros escenarios, podrían conllevar a conflictos sobre el reconocimiento de la paternidad, y a una posible vulneración de derechos.
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Entre enero y julio de 2023, Profamilia a través de su IPS, registró un aumento del 36.7% en el número de procedimientos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
“El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta de manera persistente a las niñas. Eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región”, enfatiza la CEPAL.