“Identificar a un miembro de la Fuerza Pública dentro de una estructura criminal es ejemplo de cero tolerancia con la corrupción”, expresó Iván Velásquez.
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Actualmente, Emilio José Tapia Aldana permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que se sigue en su contra por la posible participación en un entramado de corrupción denominado “Centros Poblados”.
[VIDEO] En el encuentro, Luis Gilberto Murillo señaló: “cuenta con todo el respaldo del gobierno, de la cancillería y de esta embajada para desarrollar esa agenda en un contexto bilateral que permita avanzar en objetivos comunes entre Colombia y Estados Unidos”.
[VIDEO] “Con este proyecto queremos beneficiar a todas las personas que de buena fe arriesgan su integridad, su trabajo y hasta su vida al momento de denunciar actos de corrupción administrativa”, manifestó el representante de Cambio Radical, Víctor Tovar.
Los uniformados conseguían el material bélico en sedes militares del suroccidente del país o en el mercado negro, para luego suministrarlo a la estructura ‘Carlos Patiño’.
Tras la aceptación de cargos del excongresista por el departamento del Magdalena, será la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia quien profiera el fallo de carácter condenatorio que corresponda, teniendo en cuenta la compensación de una rebaja de pena.
[FOTOS] Se trata de 184 propiedades con un valor de unos 69 mil millones de pesos, que habrían adquirido contratistas y funcionarios públicos investigados por irregularidades entre las que también se encuentran el Carrusel de las Pensiones y la construcción del nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció, además, que entregará de manera pública a la Procuraduría y a la Fiscalía los hallazgos que resulten y tengan carácter disciplinario y fiscal, siendo por tanto de su competencia.
Los dineros comprometidos en los contratos investigados por la Fiscalía General se acercan a 1,2 billones de pesos. 22 condenas han sido obtenidas por malversación de los recursos destinados a garantizar la atención médica de la ciudadanía.
La Procuraduría explicó que de 55 proyectos aprobados por el Gobierno Duque para combatir el Covid-19, solo 14 se terminaron y hay uno que ni siquiera ha comenzado obras.