La Fiscalía ha logrado tres condenas por el crimen de Hugo Hernán Perafán Gómez. Las dos anteriores fueron contra los sicarios, identificados como Daniel Enrique de los Reyes Fuentes y Edithson Huertas Ríos. Estos dos hombres y el hoy sentenciado figuran en los registros oficiales como desmovilizados de los grupos paramilitares de los Llanos Orientales.
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El exservidor judicial recibió dinero para beneficiar al señalado narcotraficante en un proceso de exclusión de Justicia y Paz. Asimismo, entregó dinero a un testigo para que no colaborara con la justicia.
Los argumentos de la Fiscalía General motivaron a que Héctor Fary Pérez Muriel llegara a un preacuerdo con el ente investigador.
Se trata en primera instancia de Bayron Leandro Espitia Bocanegra quien aceptó su responsabilidad en el asesinato de Carlos Humberto Siavato y por otro lado, Harvey Cuellar Castillo, alias “Fósforo”, acusado de participar en el crimen de Jair Danilo Calderón Aranda.
Diego Alejandro Carrascal Benítez aceptó haber hecho parte de un grupo contratado por las disidencias del frente 33 de las Farc para ejecutar la acción criminal ocurrida el 14 de diciembre de 2021. Además, deberá pagar una multa de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En un allanamiento realizado por la Policía Nacional a la residencia del hoy sentenciado se encontraron algunas prendas de vestir con sangre, que al ser analizadas y cotejadas por Medicina Legal se estableció que pertenecían a Luis Carlos Bustamante Fernández y a su victimario.
El tribunal también sentenció a seis años de reclusión al empresario Lázaro Báez, cuya firma, Austral Construcciones, recibió los 51 proyectos de obra pública investigados en este debate oral. El resto de los 11 acusados recibieron penas de cárcel que oscilaron entre los tres años y seis meses y los seis años.
En un preacuerdo con la Fiscalía alias ‘Cúcuta’ aceptó su participación en los hechos ocurridos en predios de una finca de la vereda Santa Catalina, el 15 de agosto de 2020.
La investigación del CTI probó que el médico y su exasesora jurídica firmaron un contrato del servicio farmacéutico con una Unión Temporal, que no cumplía los requisitos de ley. También fue sentenciada junto con un contratista.
Además, se establecieron tres condenas más para un padrastro y un adulto mayor, por abuso sexual de menores; y otra para un hombre que abusó sexualmente de una mujer que padecía limitación cognitiva.