La Constitución brasileña no permite extraditar a sus ciudadanos, por lo que Italia pidió entonces que el condenado cumpliera la pena en el país sudamericano, algo que el Tribunal Superior de Justicia aceptó por amplia mayoría esta semana.
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La investigación determinó que tras ganarse la confianza de las víctimas, el hoy procesado ingresaba a sus viviendas y allí les suministraba sustancias para doblegar su voluntad y posteriormente cometer los hurtos, llevándose dinero en efectivo, joyas y vehículos cuya cuantía superaría los $1.300 millones.