Chile había inscrito su postulación en noviembre del año pasado ante la FIFA e incluso, autoridades del fútbol de los cuatro países firmaron en Santiago un compromiso para acudir en conjunto.

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Habrían desarrollado un sistema orientado a obstaculizar la promoción y el desarrollo del fútbol profesional femenino en el país. Entre las presuntas prácticas anticompetitivas identificadas por la SIC estaría la fijación de una tabla de salarios donde la mayoría de las jugadoras ganaran entre el salario mínimo y $4.500.000.