Una vez en Bogotá, en los quince días siguientes serán distribuidos en distintos establecimientos carcelarios del país conforme a las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
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“Es el Gobierno Nacional, a través de sus entes competentes, el que debe hacer una revisión profunda de sus políticas y procedimientos en la materia. La asignación de los recursos adecuados, por ejemplo, la coordinación con entidades encargadas de la seguridad y la mejora de los protocolos de respuesta a incidentes”, enfatiza Carlos Camargo Assis.
