La Procuraduría comprobó que los exfuncionarios incumplieron las normas que regulan los usos del suelo, desconociendo lo establecido, entre otros, en el Plan de Ordenamiento Territorial.
La Entidad señaló que Pinto Pérez vulneró los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal al adjudicar un proceso licitatorio y suscribir el respectivo contrato.
Se busca proteger del denominado favoritismo familiar que se puede llegar a presentar. El artículo 8 de la ley 80 de 1993 excluye a los familiares de determinados servidores para trabajar con la entidad de la cual forma parte el funcionario.
La Procuraduría General encontró probadas las faltas disciplinarias de los exfuncionarios por recibir prestación económica periódica para facilitar el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA a favor de la organización R&B Consultores.