La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, informó que este viernes 25 de agosto, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar la solicitud por las amenazas de un ataque terrorista orquestado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Procuraduría aperturó una indagación contra el general Luis Mauricio Ospina para establecer si incurrió con alguna irregularidad por tener información sobre planes criminales contra el Fiscal General, Luis Barbosa, y otros personajes.
Según la información que obtuvo la Fiscalía, se realizó una reunión en Venezuela entre cinco alto mandos del ELN. En dicho país, se estaría realizando una capacitación a integrantes del ELN para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias “El Rolo”.
El general Helder Giraldo precisó que las presuntas infracciones fueron registradas en Arauca, Cauca y Nariño. “Homicidios que ha habido y ataques a la fuerza pública, especialmente”, dijo.
[VIDEO] Células del ELN habrían contactado días antes al hoy procesado, para la comisión de este hecho y luego de la captura de los tres presuntos sicarios, el sujeto decidió huir hacia Ecuador, luego a su regreso a Colombia fue capturado en vía pública de la vereda Curcuel, municipio de Mallama.
También fue capturado y judicializado alias “Juancho”, responsable de varias conductas delictivas. Los dos son presuntos integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos del grupo guerrillero.
El Frente de Guerra Oriental del ELN entregó con vida a la militar y los niños de 6 y 8 años, que estaban en cautiverio desde el lunes en Arauca.
Se presume que la familia habría sido plagiada por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN, mientras conducía por el municipio de Fortul, Arauca, el pasado 3 de julio en horas de la noche.
[FOTOS] Las propiedades afectadas están avaluadas en más de 56.000 millones de pesos. Habrían sido adquiridas con dineros provenientes del tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.
[VIDEO] El cese al fuego acordado durará 180 días (seis meses), amplía las acciones prohibidas y prevé un robusto mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU, con acompañamiento de la Iglesia Católica y la veeduría social, así como la participación de los países garantes y acompañantes.
