[VIDEO] Así lo manifestó durante su participación en la Comisión de Crédito Público que sesionó este miércoles en el Congreso de la República.
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Con la consignación de estos recursos la Contraloría General archivó el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba contra la empresa y seis de sus subcontratistas. Adicionalmente, se dio la legalización y energización en la prestación del servicio en tres proyectos.
Con la decisión del Tribunal Arbitral, el Estado no pagará los cerca de 1.310 millones de dólares que la multinacional reclamaba por daños y perjuicios.