La medida se tomó luego de la audiencia de legalización de captura de nueve personas, entre ellas un integrante de la UTL del congresista, relacionadas con irregularidades en convenidos en el suroccidente colombiano.
El general Ricardo Martínez aseguró que es inocente y que se defenderá judicialmente de los cargos en su contra, además, afirmó que nunca le causaría “inconvenientes a la institución y a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas”.
[VIDEO] La representante legal de la empresa contratista, al igual investigada, también recibió medidas privativas de la libertad en centro carcelario.
En total eran ocho los integrantes de esta banda que sustraía lotes de productos para venderlos a bajo costo en supermercados de Pasto e Ipiales. Varios de los imputados aceptaron cargos y reintegraron la mitad del valor de los víveres sustraídos.
William Alejandro Carmona Giraldo presentó documentos falsos y pagó 10 millones de pesos con los que logró conseguir la libertad condicional de Edison Guillermo Velásquez, excabecilla del Movimiento Autodefensas Libertadoras.
El Ministerio Público busca determinar si el exfuncionario habría incurrido en tráfico de influencias y otras conductas irregulares por los 26 contratos otorgados a su esposa.
El exjefe paramilitar es acusado de varias violaciones a niñas y aborto forzado contra niñas que fueron ingresadas a los centros penitenciarios de La Ceja, Itagüí y La Modelo de Bogotá.
[VIDEO] El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, aseguró, junto a Duque, que al menos “US$2.697 millones financiaron operaciones delictivas de corruptos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos”.
El Ministerio Público quiere establecer si hubo irregularidades en la contratación de una entidad no competente para la realización de un concurso de méritos.
El exfiscal Iguarán consideró que es una conducta que va en contra del deporte y la sana competencia y apeló a la corrupción privada para describir los hechos, delito que de comprobarse puede dar entre cuatro y ocho años de cárcel.