Perú debería estar al frente de la presidencia del organismo durante 2023, pero el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a entregarla por oponerse al Gobierno de Dina Boluarte y calificarlo de “espurio”.
A través de la Dirección de Justicia Transicional, culminó dos macroimputaciones contra Mancuso y otros integrantes de las AUC por distintas conductas criminales ocurridas entre 1987 y 2005 en el norte del país. Entre los delitos atribuidos hay casos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.