La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar del Distrito de Bogotá D. C., por la presunta omisión a las medidas de seguridad y protección solicitadas por Erika Aponte, ante las amenazas que sufría por parte de su pareja en reiteradas ocasiones.
El Ministerio Público confirma si la víctima acudió a la Casa de la Justicia de Usme para solicitar acciones para cuidar su vida e integridad; por lo que, se verifica si los servidores públicos atendieron el llamado de Aponte adecuadamente y si activaron las medidas apropiadas para el cuidado de la solicitante.
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La Procuraduría busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias en las entidades para conocer las acciones llevadas a cabo.
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