La Oficina de Estrategia y Datos de UNICEF — Innocenti, ECPAT International y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), presentaron los resultados para Colombia de la investigación Disrupting Harm, parte del estudio global más grande que se ha hecho sobre prácticas de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes facilitados por la tecnología, que abarca a 25 países.
El estudio encontró que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia (21%) sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en un solo año, lo que equivale a cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años. No se trata únicamente de hechos que ocurren en línea, sino también cuando se combinan interacciones digitales y presenciales.
“Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados. Este estudio, ambicioso y riguroso, nos muestra que es urgente tomar conciencia e implementar medidas de prevención y protección desde todos los frentes”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.
Para la investigación, se llevó a cabo una encuesta nacional representativa a 999 adolescentes entre 12 y 17 años, así como entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y profesionales de justicia y servicios de atención.
Los datos del estudio demuestran que las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas: el 25% de las encuestadas fue víctima de este tipo de violencias, frente al 17% de los niños y adolescentes hombres. Además, la niñez en zonas rurales, donde hay más desigualdad económica, está más expuesta (29%) frente a la que vive en zonas urbanas (17%). El estudio resalta que la desigualdad de género y la pobreza propician estos abusos en Colombia.
Entre las formas de violencia más reportadas por la niñez colombiana se encuentran recibir imágenes sexuales no deseadas (15%); ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6%); presión para compartir contenido sexual (5%); amenazas con difusión de imágenes íntimas (3%), y extorsión sexual (2%). También se identificó el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niñas, niños y adolescentes. Esta última práctica genera preocupación porque puede hacerse más común a medida que estas herramientas sean más accesibles.
“Para hacer frente a este desafío se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades. Fomentar sistemas y entornos en los que los niños se sientan seguros, apoyados y capaces de denunciar los abusos es una responsabilidad compartida”, indica Fabio González Flórez, líder de Proyectos en ECPAT International.
Cerca de la mitad de los casos en Colombia ocurrieron a través de redes sociales, principalmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram, de Meta, mientras que el 14% se presentó en plataformas de videojuegos. En el caso de Colombia, el estudio resalta que la industria de cámaras web y el turismo sexual también contribuyen a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: impulsados por las necesidades económicas, estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades.
Aunque el discurso público se centra a menudo en el abuso sexual cometido por desconocidos, los datos de la encuesta mostraron que la mitad (50%) de los casos fueron perpetrados por alguien a quien el niño, niña o adolescente ya conocía, incluyendo familiares (22%), parejas e intereses románticos (14%) o amistades (14%), mientras que 1 de cada 5 (21%) por personas desconocidas.
“La investigación Disrupting Harm llevada a cabo en Colombia aporta datos fundamentales para comprender mejor y responder a la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología. Esta iniciativa está contribuyendo a impulsar una respuesta más coordinada y eficaz para proteger a los niños en la era digital”, comenta Mark Beavan, jefe de la Unidad de Delitos contra la Infancia de Interpol.
Barreras que impiden la denuncia
A pesar de que en Colombia existen canales de reporte, como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Te Protejo Colombia o el portal ¡A Denunciar! de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el estudio encontró que la denuncia en Colombia es casi inexistente. En un año, ninguno de los adolescentes encuestados reportó formalmente los hechos ante autoridades, líneas de ayuda o servicios sociales. El 34% no se lo contó a nadie. Entre las principales barreras para denunciar están no saber a dónde acudir, la vergüenza, el miedo al estigma, creer que no era grave o pensar que no ocurriría nada si denunciaban.
¿Cómo prevenir?
De acuerdo con la investigación, la prevención debe centrarse en transformar los espacios físicos y digitales para eliminar las condiciones que facilitan la violencia, tomando el cuidado de no hacer recaer en los niños, niñas y adolescentes la responsabilidad de protegerse a sí mismos, sin apoyo. Afrontar esta problemática requiere acciones concretas desde todos los sectores: el sistema de protección, familias y las empresas tecnológicas.
“El informe muestra cómo las normas sociales, las presiones económica y las lagunas legales alimentan esta crisis. Estos datos ofrecen a Colombia un camino claro hacia leyes más estrictas y sistemas de apoyo centrados en los niños”, indica Marija Manojlovic, directora ejecutiva de Safe Online.
Algunas de las recomendaciones del estudio incluyen combatir las normas que propician la violencia y que culpan a las víctimas, como la sexualización de las niñas y las normas de género que responsabilizan a las niñas y a las mujeres por el abuso; facilitar la búsqueda de ayuda, mejorando la información, accesibilidad y confianza en los mecanismos de denuncia; modificar la legislación nacional para garantizar que estos tipos de abusos puedan ser procesados, y fortalecer la articulación entre los sistemas de protección, justicia, educación y autoridades para garantizar una respuesta oportuna y efectiva.
Por otro lado, la investigación también hace un llamado a que las empresas digitales contribuyan a reducir los riesgos incorporando la prevención de estas violencias desde el diseño de las plataformas y mejorando las medidas de seguridad, por ejemplo, optimizando la moderación de los contenidos y aplicando controles de privacidad más estrictos.
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“Colombia cuenta con importantes recursos para afrontar este problema, entre ellos un sólido marco jurídico y un personal profesional comprometido. Para hacer frente a este desafío se necesitará una inversión sostenida, una mayor rendición de cuentas por parte de las plataformas en línea y esfuerzos coordinados para garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a la protección, la justicia y la recuperación”, asegura Camila Perera Aladro, especialista en Investigación de la Oficina de Estrategia y Datos de UNICEF Innocenti.
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