Tras dos años de labores investigativas y de articulación internacional entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), se materializó la captura de un ciudadano colombo-estadounidense, por su presunta participación en los delitos de contrabando y lavado de activos.
La investigación permitió establecer una presunta estructura financiera y logística asociada al ingreso y comercialización irregular de mercancías, particularmente del sector textil, así como posibles operaciones orientadas a dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Como resultado de las actividades investigativas y operacionales adelantadas durante el proceso, se logró la incautación de mercancías por más de $5.000 millones y se identificaron recursos sin justificación superiores a $10.000 millones, evidenciando el alcance económico de las operaciones investigadas.
Asimismo, las autoridades identificaron más de 300 movimientos migratorios en un año y una presunta injerencia de la actividad criminal en Cartagena y Buenaventura, ciudades estratégicas para el comercio exterior del país.
Dentro de las acciones derivadas de la investigación también se proyecta la suspensión de cinco empresas presuntamente utilizadas para facilitar operaciones irregulares, generando una afectación directa a las capacidades financieras y logísticas vinculadas al contrabando técnico y al sector textil.
Golpe a las finanzas del contrabando y lavado de activos en Colombia. Dos años de investigación permitieron afectar una operación con movimientos superiores a $15.000 millones. Un ciudadano colombo-estadounidense capturado. @PoliciaAduanera #Judicial Lea: https://t.co/1tXHVvdaPY pic.twitter.com/MhNLDLyR9k
— Noticias y Respuestas (@notirespuestas) October 30, 2026
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Este resultado representa una afectación estratégica a las finanzas de estructuras dedicadas al contrabando y al lavado de activos, al tiempo que fortalece la cooperación judicial, investigativa y operacional entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos para combatir las economías ilícitas y proteger el orden económico del país.
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