Por petición de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) y Bogotá, se impusieron medidas cautelares sobre cuatro inmuebles rurales que estarían relacionados con el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y ocho predios rurales vinculados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
Bienes de alias Jorge 40
Sobresale la finca Matuzalén, ubicada en Sabanas de San Ángel (Magdalena). Este predio, avaluado en 10.292 millones de pesos, habría sido utilizado como centro de reuniones del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con los elementos de prueba, la propiedad estaría vinculada a Leónidas Duque Hurtado, uno de los señalados hombres de confianza de alias Jorge 40.
Los otros tres inmuebles corresponden a las fincas El Joropo, El Prado y la Pechichona, localizadas en Sabanas de San Ángel (Magdalena) y en Valledupar (Cesar), cuyo avalúo supera los 15 mil 127 millones de pesos.
En este caso, la Fiscalía evidenció que los activos están a nombre de una empresa y de la esposa de alias Jorge 40, quien sería la representante legal.
Bienes alias Macaco
Corresponden a ocho lotes ubicados en la vereda Las Cruces de Filandia (Quindío), los cuales tienen una extensión de 152 hectáreas y están avaluados en más de 12 mil 171 millones de pesos.
Estos bienes fueron identificados gracias a las labores investigativas de persecución realizadas por el Grupo de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y estarían vinculados con terceros y una empresa con nexos con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, excabecilla del Bloque Central Bolívar de las AUC, quien fue excluido del proceso especial de Justicia y Paz.
La Fiscalía ha identificado patrones comunes usados con el fin de ocultar las propiedades de alias Macaco, como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para esconder la negociación, los dineros y la titularidad de los predios.
Los bienes afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo serán entregados por parte de la Fiscalía General de la Nación al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.
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En tres años y medio, se han decretado por parte de la Magistratura medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, sobre 1.299 bienes, avaluados en $1’251.534’845.936, lo que representa un incremento del 209%, respecto del avalúo de los bienes con medida cautelar decretada durante el periodo 2006 – 2019.
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