La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, logró la desarticulación de ‘Los Chacales’, una estructura delictiva que estaría involucrada en homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y otras conductas delictivas en Bahía Solano (Chocó).
Nueve de sus presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. El material de prueba da cuenta de que, al parecer, recibían del ELN apoyo e instrucción en el manejo de armas; además, tendrían nexos con la organización delictiva ‘Los Mexicanos’. A cambio, enfrentaban violentamente al ‘Clan del Golfo’ para que no ejerciera su actividad criminal en la región.
Entre los hechos ilícitos que se les atribuye a ‘Los Chacales’ está el homicidio del conductor del alcalde de Bahía Solano, ocurrido el pasado 28 de enero; y las desapariciones de un mototaxista y un indígena de la comunidad Playa Flórez. Asimismo, estarían involucrados en amenazas a comerciantes, transportadores y trabajadoras sexuales; y el desplazamiento forzado de, por lo menos, 60 personas.
Funcionarios del CTI, con apoyo de la Armada Nacional y el Ejército Nacional, capturaron a los señalados integrantes de esta banda en diligencias realizadas en Pereira (Risaralda), Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Bahía Solano y Quibdó (Chocó).
En los procedimientos se incautaron 35 cartuchos calibre 40mm, 44 cartuchos calibre 45mm, seis teléfonos celulares y documentación relacionada con el funcionamiento y la nómina de la organización.
Los detenidos son:
Los hermanos Jorge Eliecer Mosquera Córdoba, alias Eliecer o Prieto; y Jhoo Esteben Mosquera Córdoba, presuntos cabecillas principales.
Mauricio Rivas Díaz, alias Rojitas o Chacuza, el supuesto jefe financiero.
Amín Rodríguez Girón, alias Congo o W, señalado jefe de sicarios.
Jhoymark Clay Gómez Mancilla, alias Paisa
Gustavo Alonso y Cristian Miguel Mosquera Nagles.
Carlos Stiven Flórez Caicedo, alias Zarco, presunto sicario.
Arisleida Caicedo Mosquera, alias Gunga.
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La Fiscalía presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como: homicidio agravado, desaparición forzada, amenazas, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego, extorsión y concierto para delinquir agravado.
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Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.