La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que Justo Reinaldo Arias Omaña hizo parte de una red criminal, conformada por funcionarios y particulares, que alteró y direccionó el sistema de reparto de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para favorecer a personas condenadas por diferentes delitos.
Arias Omaña, quien se desempeñó como ingeniero de sistemas en los mencionados despachos judiciales, manipuló la asignación de dos procesos, en hechos ocurridos en 2015.
En ese sentido, una juez Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a nueve años y ocho meses de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de acceso abusivo a sistema informático y daño informático. Asimismo, le impuso una multa de 1.104 salarios mínimos legales mensuales vigentes (algo más de 700 millones de pesos) y una inhabilidad de 116 meses para ejercer funciones públicas.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, demostró que el exfuncionario desvió el expediente de una persona condenada por tráfico de estupefacientes en Villavicencio (Meta). El caso llegó a un juez de ejecución de penas de Bogotá que, además de eliminar una parte del proceso, otorgó prisión domiciliaria y permiso de trabajo al sentenciado. Se estableció que la persona favorecida pagó $250’000.000 por obtener los beneficios judiciales.
El otro evento identificado sucedió cuando Arias Omaña estaba en vacaciones. Se estableció que entró al sistema de reparto con el usuario de otro funcionario y dirigió una condena por lavado de activos al mismo despacho de ejecución de penas. El hombre sentenciado recibió algunas concesiones, por las que entregó $30.000.000 de pesos.
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