La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón (E), calificando la presunta falta como grave a título de dolo.
La Procuraduría General investiga si el policial posiblemente desbordó sus atribuciones para el control de disturbios, uso de la fuerza, empleo de armas y uso de municiones menos letales y si podría verse comprometido en la lesión y muerte del manifestante en Suba.
El Ministerio Público confirmó este lunes, en un fallo de segunda instancia, la sanción de destitución por 20 años y la multa de $16.756 millones a cada uno de los entonces directivos de la multinacional brasileña en Colombia.
El Ministerio Público reveló que los inconvenientes similares a los que provocaron la salida de Karen Abudinen de MinTic también se presentan con la multinacional mexicana, con respecto a los retrasos.
El órgano de control desarrolló mesas de trabajo y efectuó una serie de observaciones sobre el modelo de negocio planteado. La acción preventiva está orientada a asegurar la transparencia en el proceso y el cumplimiento de las normatividades públicas vigentes.
Además, Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del polémico contrato, fueron implicados.
La Procuraduría General encontró probadas las faltas disciplinarias de los exfuncionarios por recibir prestación económica periódica para facilitar el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA a favor de la organización R&B Consultores.
La Procuraduría estimó que el mayor Raúl Pérez, no habría desplegado ningún procedimiento policial en busca de preservar la convivencia pacífica y proteger la vida e integridad física de quienes protestaban.
El Ministerio Público solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 SMLMV, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.