Los asesinatos que se le atribuyen corresponderían a retaliaciones por el no pago de extorsiones o el incumplimiento de las restricciones a la movilidad que imponía el grupo armado ilegal en algunos municipios del departamento.
		
		
				
		
		
		
		
		[FOTOS] Los inmuebles ubicados en distintas localidades de la ciudad están avaluados en 6.638 millones de pesos y se determinó que en muchos de ellos, además de ejecutar asesinatos, también fueron destinados al acopio y comercialización de estupefacientes al menudeo, cobro de extorsiones y secuestros.
		[FOTOS] En evidencia quedaron presuntas irregularidades de contratación, proyectos viales incompletos y con posibles sobrecostos, y obras civiles deterioradas o abandonadas. En cinco procesos de contratación se habrían perdido cerca de $74.779 millones. Los imputados son Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes de Zúñiga y Carlos Eduardo Caicedo.