El caso de presunta corrupción que involucra a algunos miembros del partido Alianza Verde y que salpica a varios congresistas sigue desencadenando reacciones políticas.
[VIDEO] Junto con el empleado público fueron detenidos varios de sus familiares, quienes habrían prestado su nombre para lavar activos por casi 6 mil millones de pesos.
El Departamento de Estado recuerda que, en los últimos tres años, se han tomado medidas “para imponer restricciones de visado o sanciones a casi 400 personas, por participar en actividades corruptas o socavar la democracia o el Estado de derecho en Guatemala”.
Pierre Augusto García Jacquier habría aprovechado el cargo que ocupaba para asignar irregularmente un contrato superior a los 48.000 millones de pesos y 27 contratos más derivados de este. Por su posible actuar ilícito, al parecer, recibió junto a otra persona dádivas por 1.000 millones de pesos.
El congresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como el Cartel de las Marionetas, que lideraba el fallecido Mario Castaño.
El ente investigador judicializó a una integrante de la UTL del congresista del Centro Democrático y a un contratista, quienes habrían direccionado ilegalmente millonarios contratos.
El ente investigador encontró evidencia sobre presuntas acciones de la exfuncionaria que permitieron la ejecución de modificaciones irregulares en la Ruta del Sol II.
De otra parte, otro delegado fiscal la citó a diligencia de interrogatorio por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ´carrusel de vehículos blindados´.
El Congreso de Chile desestimó en enero pasado una acusación similar contra Jackson, uno de los ministros más cercanos al presidente, Gabriel Boric, señalado ahora por el Caso Convenios, una trama de corrupción sobre el millonario traspaso de fondos públicos a fundaciones privadas.
El juez de control de garantías descartó la petición de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, que alegaba una presunta falta de competencia para su procesamiento en Bogotá.