Carlos Arturo Vásquez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica Unidad para las Víctimas.
[VIDEO] Los resultados en actuaciones judiciales están relacionados con un caso de extorsión de parte de un funcionario de la entidad y con la suplantación en el cobro de la indemnización de una víctima del conflicto armado.
El ente investigador presentó el escrito de acusación en contra de la funcionaria judicial y afirma que tiene pruebas de que habría solicitado 600 millones de pesos para archivar una indagación. La implicada se pronuncia en redes sociales.
De otra parte, otro delegado fiscal la citó a diligencia de interrogatorio por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ´carrusel de vehículos blindados´.
Se establece una pena de 8 años de prisión para la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas, así como el pago de una muta 66.66 SMLV y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años y medio.